Gobierno de Rusia ordena capturar al presidente de la Corte Penal Internacional, que ordenó el arresto de Putin

El Ministerio del Interior de Rusia ordenó este lunes la busca y captura de Piotr Hofmanski, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), que ordenó en marzo pasado el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, por las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania.

Hofmanski es buscado en virtud de un artículo del código penal, señala la base de datos del Ministerio, que no precisa el motivo exacto de la persecución.

También han sido declarados en busca y captura la vicepresidenta, Luz del Carmen Ibáñez, y el juez de la CPI, Bertram Schmitt.

En mayo pasado, Moscú declaró en busca y captura al fiscal de la misma corte, Karim Ahmad Khan, que fue quien dictó la orden de arresto.

La CPI emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como presunto responsable de la deportación ilegal de niños, así como de haberlos trasladado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen deguerra.

También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

El Kremlin aseguró que no reconoce la jurisdicción del tribunal y considera nula la orden de arresto contra el jefe del Estado ruso.

El Comité de Instrucción de Rusia comenzó un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso “tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal”.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó el fin de semana en Nueva York al secretario general de la ONU, António Guterres, a aportar pruebas sobre la acusación de que Moscú ha secuestrado niñosucranianos.

Debido a la orden de arresto, Putin aún no ha viajado al exterior este año e incluso canceló en agosto su participación en Sudáfrica en la cumbre del grupo BRICS.

Según el Kremlin, el líder ruso viajará en octubre a China, país que no ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.