Entre la eficacia y la imparcialidad
Liébano Sáenz
Con la aprobación de la minuta de la reforma de telecomunicaciones el Senado ha cumplido a plenitud su responsabilidad. Las modificaciones que se hicieron a lo aprobado por la Cámara de origen obligan a que el proyecto de reforma regrese a los diputados. Los cambios no afectan la iniciativa originaria del Ejecutivo, avalada por el Pacto por México, sino que la mejoran; además, tienen lugar en tiempo suficiente para que la Cámara baja los pueda procesar y así culminar uno de los proyectos de reforma más importantes para el país. Con esto el Congreso acredita algo que no habíamos visto en años: eficacia, representatividad y, muy especialmente, responsabilidad.
En una democracia el disenso es natural y conveniente. El debate entre las fuerzas políticas y al interior de las Cámaras es propio de su razón de ser, también lo es que la oposición cumpla su tarea en el escrutinio crítico al poder y al gobierno, siempre y cuando no vaya contra el proyecto de país que tanto hemos anhelado. Pero también es propio de la democracia el acuerdo y entendimiento, muy difícil cuando concurren pluralidad política y una situación de poder dividido en un régimen presidencial como el nuestro. Han tenido que transcurrir quince años de Presidente sin mayoría afín en el Congreso y alternancia para que el sistema político recupere su capacidad reformadora.
Para quienes creemos en la democracia es un paso muy significativo y alentador que los partidos no solo deliberen y cuestionen, también que propongan y acuerden, especialmente, respecto a cambios importantes y profundos; situación difícil por el significado de las transformaciones, los intereses de por medio, lo encontrado de las perspectivas, además de los efectos mismos de los acuerdos. Debe entenderse que los partidos también tienen una pluralidad interna que hay que conciliar, situación menos complicada para la fuerza gobernante que para las oposiciones, en particular, para las que viven un sentimiento de adversidad como ha sucedido con el Partido Acción Nacional después de los comicios de julio pasado.
Una preocupación menor, pero presente y de impacto en muchos de los procesos de acuerdo plural ha sido, por una parte, el cálculo sobre el supuesto beneficio político y electoral de lo convenido; por la otra, la desconfianza de que negociar o votar favorablemente alguna propuesta del Ejecutivo va en demérito de los partidos de oposición, principalmente en el frente electoral. Así, en el pasado reciente al PRI, como opositor, se le dificultaba llegar al acuerdo por la sospecha de que el gobierno federal utilizaría electoralmente lo alcanzado. Mi opinión es que fundada o no la reserva del opositor, en mucho influían las expresiones y decisiones políticas y administrativas del Presidente, así como la designación de funcionarios federales en el centro y los estados. También estaba presente en algunos actores una actitud de persistente chantaje, calculada desconfianza y búsqueda de ventaja una particular sobre el interés de la nación.
En este sentido, observo que en los años recientes de alternancia y contrario a lo que la ciudadanía esperaba, hubo involución en la imagen o en la realidad del código de imparcialidad al que deben estar sujetos los servidores públicos en un régimen democrático. Un ejemplo inobjetable de esto es lo que ocurrió en una de las dependencias de la administración pública que mayor profesionalismo demanda al caracterizarse por su complejidad técnica y ser responsable de costosos proyectos de inversión y mantenimiento en infraestructura: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con la llegada de un destacado panista con un reconocido talento profesional, Juan Molinar Horcasitas, muchas delegaciones fueron cubiertas priorizando el perfil partidario, más que técnico; lo que generó desequilibrios entre el sentido ético, la lealtad a su partido y su condición de servidores públicos.
Ahora, en un nuevo capítulo de la difícil relación entre oposición y gobierno en momentos electorales, el PAN ha enderezado acusaciones al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, sobre un supuesto ejercicio de programas sociales del gobierno federal con una intencionalidad electoral. Así la dirigencia del PAN, flanqueada por los coordinadores parlamentarios y con fundamento en elementos de prueba de dudosa legalidad sobre una reunión de funcionarios locales y federales para actuar en apoyo al partido gobernante, realizan exactamente el mismo señalamiento que en ese estado hiciera el PRI cuando el PAN detentaba la Presidencia.
La actitud y exigencia del PAN tiene, a todas luces, una carga electoral y política más que jurídica. También denota incongruencia y es una forma de que su dirigente resuelva a través de este expediente la presión interna respecto a su decisión de haber convenido con el gobierno y la pluralidad el Pacto por México. Las propias evidencias presentadas muestran que los hechos narrados por el PAN, aunque se lleguen a demostrar ciertos, no prueban que esto hubiere ocurrido por la instrucción de la secretaria Robles. Tampoco se puede remitir al gobernador Duarte responsabilidad alguna. En consecuencia, la secretaria ha emprendido de manera inmediata remociones y suspensiones a varios funcionarios, hecho que no ocurrió en ocasiones pasadas frente a situaciones análogas. También el gobernador Duarte ha anunciado una investigación sobre el asunto para deslindar responsabilidades.
La imparcialidad del gobierno es una premisa para tener elecciones justas y con resultados convincentes para todos, especialmente para los ciudadanos. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen un origen partidario y los servidores públicos tienen derechos políticos. Sin embargo, es importante acreditar un cambio en torno a la imparcialidad y el profesionalismo. También los partidos deben tener el cuidado para no desacreditar la denuncia del uso de la ley con fines electorales y la exigencia legítima por elecciones justas a través de señalamientos cuestionables y desproporcionados sobre eventos menores.
Queda claro que con los nuevos términos de urbanidad política que los partidos y el gobierno se han autoimpuesto mediante el Pacto por México, también conlleva a un cambio en las conductas y actitudes. Esto pasa, desde luego, por un nuevo código en el desempeño del servicio público.
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