Defensoría Pública: la democratización de la justicia
Observatorio
Antonio Rosario
Mariela Estefanía Zurita Lugo es nada más y nada menos que la flamante Directora General del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas.
En lo que va del gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya, esta funcionaria ya se ha ganado (a pulso) el respeto de propios y extraños.
Siendo una de las colaboradoras más jóvenes del Gobierno estatal morenista, también se ha distinguido por sus férreas convicciones de servir a los peticionarios de justicia que ahora llegan por cientos a las oficinas ubicadas en el 16 y 18 Berriozábal en Ciudad Victoria.
Ese desafío que está enfrentando la Defensoría Pública de Tamaulipas, en sus oficinas distribuidas a lo largo y ancho de la entidad, no ha propiciado la más mínima claudicación de la titular de esta dependencia.
Al contrario, ha sido un acicate para continuar apoyando a tanta gente que, tantas veces víctima de la desesperación, busca en la Defensoría Pública el apoyo y la asesoría legal al carecer de los recursos económicos para sufragar los costosos honorarios que cobran los despachos jurídicos particulares.
En pocas palabras, Mariela Estefanía Zurita Lugo tiene el carácter, la disciplina y la honradez que la convierten en una verdadera dama de hierro.
Capaz de romper inercias y vicios de pasados gobiernos para iniciar una era donde la Defensoría Pública de Tamaulipas ha entrado a una inédita democratización de la justicia.
Dándole al pueblo, aún con presupuestos limitados, los servicios jurídicos que merece la sociedad, innovando como nunca los servicios que otorga la dependencia y convirtiéndola en una institución de puertas abiertas.
Y por cierto: Pronto trascenderán diversos proyectos con los que el Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas culminará este año 2024, a fin de iniciar el 2025 con un horizonte totalmente transformado y cargado de esperanzas, donde las asesorías a las mujeres, a sus menores hijos, a las personas de la tercera edad y a todo ciudadano víctima de tanta iniquidad, tengan en esta institución del Gobierno del Estado un garante de justicia.
