Arcas abiertas
Sergio Sarmiento
De nada sirve indignarse. Por supuesto que líderes sindicales como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, entre otros, han adquirido fortunas enormes. Lo raro sería que no. Las reglas están hechas para eso. Hasta el más honesto corre el riesgo de corromperse con ellas.
La ley permite a los líderes apoderarse de un sindicato y mantener el control durante años, décadas o toda la vida. Hay casos incluso en que el poder se hereda de padre a hijo, como en el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia.
Esa misma ley hace posible que los líderes controlen los gastos de los sindicatos de manera discrecional. Los desvíos de recursos del SNTE a la maestra Gordillo se llevaron a cabo por una razón muy sencilla: porque se podía. Desde hace años era evidente que la presidenta del sindicato tenía un nivel de vida que no podían justificar sus ingresos legales. Las autoridades sólo lo “descubrieron” cuando se tomó la decisión política de hacerla a un lado. Pero esta decisión no se ha aplicado a los demás líderes sindicales que viven más allá de sus medios.
La reforma laboral aprobada el 30 de noviembre de 2012 cambió algunas de las reglas de democracia sindical y transparencia en el gasto. Se obliga ahora, por ejemplo, a que la elección de líderes sea secreta, aunque se aceptan tanto el voto directo como el indirecto (Artículo 371). Los líderes deben además presentar a la asamblea “cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical” (373).
Los líderes lograron, sin embargo, que no se establecieran mecanismos externos para garantizar la aplicación de estas reglas. No hay, por ejemplo, un organismo independiente, como el IFE, que asegure que los sindicatos realmente tengan procedimientos justos y equitativos para la elección de sus dirigentes. Tampoco quedó en la ley la obligación de que los sindicatos sean sometidos a auditorías externas como cualquier empresa o institución de tamaño similar. Los líderes afirman que esto sería una inaceptable violación a la autonomía sindical, pero en realidad sólo buscan preservar sus privilegios.
Los sindicatos no son empresas o asociaciones privadas que puedan quedar libres de controles externos. Son realmente instituciones de interés público a las que la ley otorga enormes poderes y privilegios. Están exentos, por ejemplo, de la prohibición constitucional a los monopolios, lo cual les permite extorsionar a empresas, establecer contratos de protección o cobrar dinero a nombre de los trabajadores sin rendirles servicios o cuentas. También están libres del pago del impuesto sobre la renta. Por eso es importante imponerles controles externos similares a los que se aplican a otras instituciones de interés público, como los partidos políticos.
De poco sirve indignarse si no estamos dispuestos a hacer los cambios legales que obligarían a los sindicatos a ser más democráticos y honestos. Los cambios van más allá de la legislación laboral. Si bien el SNTE pagaba directamente los gastos de la maestra Elba Esther, la riqueza de la familia Romero Deschamps parece provenir de negocios paralelos a la industria petrolera. Los líderes sindicales de Pemex controlan el lucrativo negocio del transporte de gasolina por pipas. Por eso se opuso el PRI a la reforma que habría permitido la inversión privada en ductos para gasolina: no querían competencia a las pipas. Los líderes controlan también la lucrativa venta de plazas de la paraestatal.
Mientras no eliminemos las leyes que facilitan el enriquecimiento de los líderes, no tendremos razón para indignarnos por sus fortunas. Los dirigentes sindicales no han hecho más que aprovechar las arcas que el Estado mexicano les ha abierto.
REFORMA FINANCIERA
La iniciativa de reforma financiera presentada ayer entiende que para lograr más crédito y más barato es indispensable que los acreedores puedan cobrar sus deudas más fácilmente. La ejecución de garantías es la parte fundamental de la propuesta.
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