Duarte marcará el epílogo del sexenio

Por Beatriz Pagés | Primero, hay que hablar del hoyo. De ese impresionante socavón que se abrió en el publicitado Paso Express de Cuernavaca en el que murieron dos ciudadanos inocentes.

La culpa ha llevado a las autoridades a dar explicaciones torpes.  Si las “lluvias atípicas” o el calentamiento global fueran la causa, a esta hora, ya hubieran colapsado las obras de ingeniería carretera más espectaculares del mundo.

No. El origen de esa tragedia no tiene que ver con el cambio climático y ni siquiera con la ingeniería. Tiene que ver con la corrupción.

El alto costo de la obra —al menos el que hasta ahora se ha transparentado— no deja de llamar la atención. De 1,050 millones de pesos, se elevó a 2,213 millones 500 mil pesos.

Es decir, el Paso Express costó 1,163 millones más y en tres meses, de ser una de las obras más publicitadas de todos los tiempos, se convirtió en el paso más rápido… pero hacia la muerte.

Los hechos se dieron en un mal momento político para los responsables e involucrados. Si eso hubiera ocurrido a principios de sexenio todo habría quedado como un accidente, pero ocurren cuando el gobierno federal entra en la “etapa del infierno”, en la que todo, lo hecho y lo no hecho, le será auditado.

Por eso, el juicio contra el exgobernador Javier Duarte será uno de los casos que marquen el epílogo de este sexenio.

La justicia mexicana tendrá que quitarle la risa al cínico —¿o enfermo?— político veracruzano porque, de no quitársela y de permitirle que se siga burlando del pueblo de México, el costo lo va a pagar el PRI y esta administración.

Este Duarte se ha convertido, para las autoridades guatemaltecas, en un caso paradigmático. Las graves causas por las que el gobierno mexicano solicitó su aprehensión contrastan con lo que dejaba ver la expresión de un preso que parecía estar en el anexo del hotel Spa donde lo encontraron.

La expresión del político nunca mostró culpa, sino complicidad. La suya siempre fue la sonrisa de la confianza y la protección. La actitud sobrada de quien recuerda haber simplemente  acatado  órdenes, sugerencias o peticiones de colaboración y a quien, por consecuencia, le deben favores.

La tardanza en extraditarlo, pese a la exigencia de Guatemala para acelerar su traslado por razones de seguridad, solo puede explicarse por la complejidad de la negociación. No con los jueces, sino con el mismo Duarte.

De lo que ya no tiene duda el gobierno de Guatemala, ni nadie, es de que se trata de alguien con un alto valor político, no por lo que es, sino por lo que sabe.