Los gastos de Enrique Ochoa a Suiza que costaron más de 24 mdp al erario
Una investigación revela que el actual presidente del PRI y ex titular de la CFE, gastó millones para asistir al Foro Económico Mundial con sede en Davos.
The Huffington | Enrique Ochoa, presidente del PRI, Enrique Ochoa, gastó por lo menos 24.47 millones de pesos provenientes de fondos públicos, en viajes y membresías para asistir de 2015 a 2018 al Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, cuando todavía era titular de la Comisión Federal de Electricidad.
Así lo revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en la cual se documenta la manera en que Ochoa pagó contrató una membresía mediante la cual dos funcionarios podían participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial. Al año siguiente, el hoy líder nacional del PRI decidió pagar 80% más para sumar a otra persona. Hasta hoy, la CFE ha erogado por lo menos 24 millones de pesos en viajes a ese destino suizo.
A través de dos contratos que la CFE firmó con el Foro Económico Mundial, pudo documentarse que en 2015, Ochoa contrató una membresía que costó 250 mil francos suizos (3.71 millones de pesos al tipo de cambio de esa fecha); ese contrato daba a la empresa el derecho de enviar a dos personas a la reunión de Davos, previo pago de otros 27 mil francos por cada una (399 mil 877 pesos). Tan solo esos gastos suman 4.1 millones de pesos.
Pero no sólo eso, pues además, Ochoa Reza utilizó una aeronave y automóviles de Iberdrola, empresa española que ha recibido contratos de la CFE, por lo menos, desde 2003. Tanto en 2015 como en 2016, él y empresarios de otros países usaron los medios de transporte de la empresa española porque «Iberdrola era la líder, porque ellos encabezaban el Foro Económico Mundial en el capítulo de energía».
De este modo, Ochoa violó la ley, pues según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que, en su artículo octavo, fracción XII, se señala que durante el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos debían abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, entre otras cosas, «servicios» que «procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto».
